Pedro Juan Caballero, 18 de octubre de 2019
País

Sin autocrítica, nuestro país protesta contra Uruguay por “fuga” de Arrom

El Gobierno paraguayo protestó formalmente contra Uruguay, Finlandia, Acnur e Interpol por la “fuga” de los prófugos de la justicia Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán. En la Cancillería no hicieron una autocrítica de la desidia. El presidente Mario A. Benítez calificó de derrota la “huida”.

El Poder Ejecutivo se quedó con la “boca abierta” cuando tomó conocimiento de que los tres prófugos de la justicia paraguaya por el secuestro de María Edith Bordón (16 de noviembre de 2001) se habían “escapado” de Uruguay y emprendieron viaje con destino a Finlandia, vía Madrid.

Cuando faltaba poco para el inicio del juicio oral y público en Montevideo, a Arrom, Martí y Colmán les abrieron las puertas para que huyeran con destino a Finlandia, con pasaportes oficiales y el visto bueno incluso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El embajador paraguayo en Uruguay, el exsenador colorado Rogelio Benítez, admitió ayer que contrató a dos abogados uruguayos (Enrique Falco Iriondo y Álvaro Garcé) para que hagan seguimiento del caso. Incluso reveló que cada uno debe cobrar US$ 3.000.

El monitoreo de estos abogados y del Gobierno paraguayo fracasó totalmente porque el Ejecutivo paraguayo se enteró cuando los tres prófugos estaban en pleno vuelo desde Montevideo con destino a Finlandia, donde fueron recibidos como refugiados.

El abogado Falco reconoció que ni siquiera mira sus correos electrónicos, donde fue notificado el martes a la tarde de la decisión judicial uruguaya referente a la liberación de Arrom, Martí y Colmán. Falco recién le informa a las 20:00 del martes al embajador Benítez.

Ante estos hechos, el Gobierno, a través de la Cancillería nacional, convocó a una conferencia. El ministro sustituto de Relaciones Exteriores, Enrique Insfrán, informó que Paraguay protestó formalmente contra Uruguay, Finlandia, Acnur e Interpol por la “fuga” de los tres prófugos desde el año 2003, “procesados por la comisión de crímenes de secuestro extorsivo, asociación criminal, privación arbitraria de libertad y daño a la integridad física y moral”.

Asimismo, el Paraguay “rechazó enérgicamente el tratamiento dispensado por el Gobierno de Finlandia” a los mencionados prófugos de la justicia y las gestiones que dicho país realizara ante Acnur para el otorgamiento de documentos de viaje especiales que hicieron posible, una vez más, burlar y obstruir la justicia. “El uso indebido del estatus de refugiados para proteger a presuntos criminales comunes es digno de absoluto repudio”, expresó. Agregó que el “levantamiento de los códigos rojos por parte de Interpol, pese a las insistencias en contrario por parte de los agentes de la justicia paraguaya y las gestiones diplomáticas desplegadas, no se encuadra en la lógica ni en la razón. “Este hecho actúa en desmedro de la credibilidad de la Interpol”, dijo.